La nueva normativa busca fortalecer la conservación, rentabilidad y gestión eficiente de bienes vinculados a procesos de extinción de dominio y delitos contra el Estado.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) aprobó el nuevo “Lineamiento que norma el arrendamiento de inmuebles administrados por el PRONABI”, mediante la Resolución Ministerial N.° 200-2026-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano. La medida actualiza las reglas para el alquiler de bienes inmuebles que se encuentran bajo administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).
La disposición deja sin efecto el anterior Lineamiento N.° 004-2024-JUS/DM y establece un nuevo marco técnico y operativo orientado a garantizar la adecuada conservación, aprovechamiento económico y administración eficiente de los inmuebles incautados o sometidos a procesos de extinción de dominio.
El PRONABI, entidad adscrita al MINJUSDH, administra bienes provenientes de investigaciones y procesos vinculados a delitos en agravio del Estado, así como activos sujetos a medidas cautelares o decomisos. Entre sus competencias se encuentra el arrendamiento de inmuebles con la finalidad de evitar su deterioro y generar rentabilidad para el Estado.
De acuerdo con la resolución ministerial, el nuevo lineamiento responde a la necesidad de actualizar los procedimientos internos y fortalecer la gestión patrimonial del programa. El documento precisa que el arrendamiento constituye una herramienta de administración que permite preservar el valor económico de los bienes mientras se resuelve su situación jurídica definitiva.
La norma toma como base el Decreto Supremo N.° 001-2021-JUS, que aprobó los “Lineamientos para la administración y disposición de bienes a cargo del PRONABI”. Dicho marco faculta expresamente al programa a celebrar contratos de arrendamiento sobre los bienes bajo su administración, siempre que ello contribuya a su conservación y rentabilidad.
Uno de los aspectos relevantes de la nueva regulación es que sistematiza las disposiciones técnicas y operativas aplicables a los contratos de alquiler, otorgando mayor predictibilidad a la administración de estos activos. Además, refuerza la capacidad del PRONABI para ejecutar acciones orientadas a una gestión más eficiente y transparente de los bienes patrimoniales.
La actualización fue aprobada luego de que el Consejo Directivo del PRONABI acordara, por unanimidad, modificar el anterior lineamiento en una sesión extraordinaria realizada el 12 de mayo de 2026. Posteriormente, la propuesta recibió opinión técnica favorable de la Oficina de Organización y Modernización del MINJUSDH y el respaldo de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
Especialistas en derecho administrativo consideran que esta medida forma parte de una política estatal orientada a optimizar el uso de activos incautados, evitando que permanezcan improductivos o se deterioren durante largos procesos judiciales. Asimismo, destacan que el arrendamiento temporal permite convertir bienes vinculados a actividades ilícitas en recursos económicamente útiles para el Estado.
La Resolución Ministerial dispone también la publicación íntegra del lineamiento en la plataforma digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el acceso público y la transparencia de la regulación.
