El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó la modificación de las Normas Técnicas G.010 “Consideraciones Básicas” y G.020 “Principios Generales” del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), mediante la Resolución Ministerial N.º 278-2026-VIVIENDA. La actualización constituye una de las reformas más importantes al Título I del RNE en los últimos años, al adecuar su contenido a la evolución del marco normativo y a los nuevos desafíos del desarrollo urbano sostenible.
El RNE se consolida como el único marco técnico nacional
La modificación reafirma que el Reglamento Nacional de Edificaciones constituye el único marco técnico normativo de alcance nacional para el diseño, ejecución, supervisión y mantenimiento de las habilitaciones urbanas y edificaciones.
Asimismo, precisa que su aplicación debe realizarse en concordancia con los Instrumentos de Acondicionamiento Territorial, Planificación Urbana y Planificación Rural, fortaleciendo la articulación entre las normas de edificación y los instrumentos de ordenamiento del territorio.
Nuevas condiciones para una infraestructura más segura y sostenible
Uno de los principales cambios consiste en la reorganización de las condiciones que deben cumplir las habilitaciones urbanas y edificaciones.
La nueva Norma Técnica G.010 incorpora un enfoque integral que comprende la seguridad estructural, la seguridad frente a siniestros, la seguridad de uso, la funcionalidad, la accesibilidad universal, la habitabilidad, la salubridad, la higiene, la adecuación al entorno y la protección ambiental.
Con ello, el reglamento amplía su alcance más allá del diseño y la construcción, incorporando expresamente las etapas de supervisión y mantenimiento, aspectos fundamentales para garantizar la calidad y durabilidad de la infraestructura pública y privada.
Se incorporan nuevos principios para la gestión urbana
La modificación de la Norma Técnica G.020 redefine los principios que orientan la aplicación del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Entre las principales novedades destacan la incorporación del Principio de Integridad de las Personas, que reemplaza el enfoque tradicional de seguridad de las personas; la diferenciación entre los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica; la creación del Principio de Unidad, que exige coherencia entre el RNE y las normas complementarias emitidas por otras entidades; y la incorporación de los principios de Interés Público, Diseño Universal y Sostenibilidad, alineados con la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.
Implicancias para la gestión de bienes estatales
Desde la perspectiva de la administración del patrimonio inmobiliario del Estado, la actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones tiene especial relevancia porque establece el marco técnico que deberá observarse en los procesos de habilitación urbana, desarrollo de proyectos inmobiliarios, construcción, ampliación, mantenimiento y supervisión de las edificaciones públicas.
Las entidades que administran predios estatales deberán considerar estas nuevas disposiciones en la formulación y ejecución de proyectos de inversión, así como en los procesos de saneamiento físico-legal, planificación territorial y administración de inmuebles, asegurando que las intervenciones cumplan con los nuevos estándares de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad.
Asimismo, el reconocimiento expreso de la vinculación entre el RNE y los instrumentos de planificación territorial refuerza la necesidad de que la gestión de los bienes estatales se articule con los planes urbanos y rurales vigentes, evitando intervenciones incompatibles con el ordenamiento del territorio.
Una reforma con impacto transversal
La actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones trasciende el ámbito estrictamente técnico de la construcción. Sus disposiciones impactarán directamente en municipalidades, gobiernos regionales, entidades públicas, desarrolladores inmobiliarios, proyectistas, supervisores y administradores de bienes estatales, al redefinir los criterios que orientan el desarrollo urbano y la infraestructura en el país.
Con esta reforma, el Ministerio de Vivienda busca modernizar el principal instrumento técnico en materia de edificaciones, alineándolo con los principios de desarrollo urbano sostenible, accesibilidad universal, seguridad jurídica y protección ambiental, pilares que marcarán la planificación y ejecución de las futuras inversiones públicas y privadas en el territorio nacional.
