Lima, 26 de abril de 2026.— El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó el nuevo Manual de Operaciones (MOP) del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), con el objetivo de fortalecer la administración, control y disposición de los bienes vinculados a actividades ilícitas en el país.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 164-2026-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano, y responde a la necesidad de adecuar el funcionamiento del programa al marco normativo vigente en materia de extinción de dominio.
El nuevo manual actualiza la estructura funcional, los procesos internos y los mecanismos de coordinación del PRONABI, alineándolos con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.° 1373 y su reglamento, que regulan la extinción de dominio en el Perú. Asimismo, incorpora lineamientos orientados a mejorar la eficiencia en la recepción, registro, custodia, administración, asignación y disposición final de los bienes incautados.
El PRONABI, creado en 2017, tiene a su cargo la gestión de bienes, instrumentos, efectos y ganancias provenientes de delitos en agravio del Estado, incluyendo aquellos sujetos a medidas cautelares, sentencias de extinción de dominio y activos repatriados. En ese contexto, el nuevo MOP busca optimizar el manejo integral de estos activos, garantizando su adecuada conservación y aprovechamiento en beneficio del Estado.
La norma deja sin efecto el anterior Manual de Operaciones aprobado en 2021, así como el mapa de procesos vigente desde 2023, consolidando en un solo instrumento técnico la organización y funcionamiento del programa.
Según lo dispuesto, el documento aprobado formaliza la estructura organizacional del PRONABI, define sus principales procesos y establece herramientas de gestión que permitan mejorar la trazabilidad, el control y la transparencia en el manejo de bienes incautados.
Con esta actualización, el Ministerio de Justicia apunta a fortalecer la capacidad operativa del PRONABI y consolidar un sistema más eficiente en la administración de activos provenientes del crimen, en línea con los estándares de modernización de la gestión pública.
