El Congreso de la República aprobó la Ley N.º 32738, que modifica la Ley N.º 28181, Ley de Transferencias de Puestos, Establecimientos y/o Servicios de Mercados Municipales, con el objetivo de precisar su ámbito de aplicación y otorgar mayor seguridad jurídica a los procesos de transferencia de puestos ubicados en mercados de propiedad de las municipalidades.
Se reafirma la autonomía municipal
La principal modificación incorpora una precisión respecto del objeto de la Ley N.º 28181, estableciendo expresamente que las municipalidades provinciales y distritales, en ejercicio de la autonomía política, económica y administrativa que les reconoce la Constitución, podrán adoptar excepcionalmente un mecanismo de venta de los puestos, establecimientos y servicios de los mercados de su propiedad distinto al previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Municipalidades, a favor de sus actuales arrendatarios, conductores o posesionarios.
La norma también precisa que las condiciones relacionadas con el plazo, el valor de venta y la forma de pago continuarán rigiéndose por la Ley N.º 26569, que regula los mecanismos aplicables para la transferencia de puestos y demás establecimientos de los mercados públicos municipales.
Procesos en curso podrán adecuarse a la nueva regulación
Otro aspecto relevante de la modificación es que permite a las municipalidades adecuar a la nueva ley los procedimientos de transferencia actualmente en trámite.
No obstante, el legislador establece una importante garantía jurídica: los procesos de privatización o transferencia iniciados conforme a la Ley N.º 26569 mantendrán las condiciones, los derechos adquiridos y el régimen de propiedad reconocido por dicha norma, evitando que la nueva regulación afecte situaciones jurídicas ya consolidadas.
Municipalidades deberán actualizar sus procedimientos
La ley dispone que todas las municipalidades provinciales y distritales adecuen sus procedimientos administrativos y sus ordenanzas a las nuevas disposiciones.
Asimismo, establece que los procesos de transferencia iniciados bajo el régimen de la Ley N.º 26569 deberán concluir en un plazo máximo de seis meses, contado desde la entrada en vigencia de la ley. Cuando dichos procedimientos se encuentren judicializados, el cómputo del plazo empezará una vez concluido el proceso judicial correspondiente. El incumplimiento de este mandato genera responsabilidad funcional para las autoridades competentes.
Impacto en la gestión del patrimonio municipal
Desde la perspectiva de la administración de bienes públicos, la Ley N.º 32738 busca reducir la incertidumbre que durante años ha acompañado los procesos de transferencia de puestos en mercados municipales.
La precisión del ámbito de aplicación de la Ley N.º 28181 fortalece la seguridad jurídica tanto para las municipalidades como para los comerciantes que ocupan los puestos, al delimitar con mayor claridad las reglas aplicables y reconocer la facultad de los gobiernos locales para definir mecanismos excepcionales de transferencia dentro del marco de su autonomía constitucional.
Asimismo, la obligación de culminar los procedimientos pendientes contribuirá a sanear la situación jurídica de numerosos mercados municipales, permitiendo consolidar derechos de propiedad, reducir conflictos administrativos y brindar mayor predictibilidad a los procesos de formalización patrimonial.
Clave para la gestión de bienes estatales y municipales
Aunque la ley se circunscribe a los mercados de propiedad municipal, sus efectos trascienden la gestión comercial. La norma constituye una herramienta para la regularización del patrimonio inmobiliario de los gobiernos locales, promueve una administración más eficiente de los bienes municipales y fortalece la seguridad jurídica de las transferencias realizadas a favor de los actuales ocupantes.
En un contexto en el que muchas municipalidades mantienen procesos de transferencia inconclusos desde hace varios años, la nueva regulación busca acelerar su culminación, armonizar los procedimientos administrativos y consolidar un régimen de propiedad claro sobre los puestos de los mercados públicos, favoreciendo una gestión patrimonial más ordenada y transparente.
