Lima, 20 de marzo de 2026. – El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo N.° 004-2026-MIDAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley N.° 31145, con el objetivo de adecuar sus disposiciones a los recientes cambios normativos orientados a fortalecer el saneamiento físico-legal y la formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales.
La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, introduce ajustes clave en los procedimientos de formalización, estableciendo como criterio uniforme que los poseedores de predios rústicos y tierras eriazas deben acreditar posesión directa, continua, pacífica y pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para acceder a la regularización de su situación jurídica.
Asimismo, se precisan los requisitos probatorios que deben presentar los administrados, incorporando la exigencia de al menos una prueba principal y una complementaria que acrediten la posesión y habilitación del predio a dicha fecha, lo que busca otorgar mayor seguridad jurídica a los procesos de formalización.
Entre las modificaciones más relevantes, se incorpora el artículo 7-A al reglamento, que regula la asunción de titularidad de predios estatales por parte de los gobiernos regionales, incluso en casos donde existan procesos judiciales en trámite o concluidos. Esta disposición permite gestionar el desistimiento de acciones judiciales vinculadas a la desocupación de predios, facilitando la continuidad de los procesos de formalización.
La norma también actualiza disposiciones sobre exclusiones de formalización, reafirmando la improcedencia en áreas de dominio público, zonas de riesgo, áreas naturales protegidas y espacios con valor cultural o arqueológico, así como en terrenos sin disponibilidad hídrica.
Finalmente, el decreto establece un régimen transitorio que garantiza que los procedimientos iniciados bajo el marco anterior, y que cuenten con calificación favorable, continúen su trámite conforme a las reglas vigentes al momento de su inicio, asegurando predictibilidad y continuidad administrativa.
Con esta actualización, el Ejecutivo busca cerrar brechas en la titulación rural, fortalecer el rol de los gobiernos regionales y mejorar la seguridad jurídica en el acceso a la propiedad agraria, en línea con la política de desarrollo del sector agrícola.
