Lima, enero de 2026.– El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) logró la recuperación de 21 predios de propiedad estatal que habían sido ocupados de manera ilegal durante el año 2025, como resultado de acciones legales impulsadas por su Procuraduría Pública.
En total, el Estado recuperó 115,726 metros cuadrados de terrenos públicos ubicados en diversas regiones del país, tras intervenciones ejecutadas entre enero y diciembre de 2025 en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales. Estas acciones tuvieron como finalidad restituir predios de dominio público y asegurar su destinación a fines de interés social y uso público.
Entre los casos más relevantes destaca la restitución de un predio de 32,142 m² en el pueblo joven Villa Poeta José Gálvez, en el distrito de Villa María del Triunfo (Lima). Asimismo, se recuperaron terrenos en los asentamientos humanos Unión Quilmaná, en Cañete (26,785 m²), y Micaela Bastidas, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha (Ica), con un área de 22,487 m². A ello se suma la recuperación de un lote de 20,000 m² destinado a equipamiento urbano del Instituto Superior Tecnológico de Aplao, en la región Arequipa.
De manera complementaria, Cofopri restituyó más de 14,000 m² adicionales en distintas localidades del país, como Chincha (Ica); Ancón y Ventanilla (Lima); Acari, Bella Unión, Lomas, Socabaya, La Joya, Sachaca y Cocachacra (Arequipa); Chulucanas y Piura (Piura), así como en Ilo (Moquegua).
El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, señaló que la recuperación y formalización de estos predios resulta clave para ponerlos al servicio de la ciudadanía mediante el correspondiente equipamiento urbano. En la misma línea, el director ejecutivo de Cofopri, Carlos Reátegui, afirmó que la entidad actúa con firmeza para proteger los intereses del Estado y prevenir el tráfico ilegal de tierras.
Estas acciones se enmarcan en una estrategia permanente de defensa del patrimonio estatal, orientada a garantizar seguridad jurídica y asegurar que los terrenos públicos sean destinados a educación, salud, seguridad, áreas verdes, mercados y otros servicios esenciales, en beneficio de la población.
